La Vanguardia: de Barcelona a Bruselas pasando por Madrid

Si Bruselas es mucho Bruselas, Madrid es mucho más que Madrid.

El diario La Vanguardia, feudo de la burguesía barcelonesa durante los dos últimos siglos, ha ido asumiendo progresivamente la función de cartelera y avanzadilla mediática del independentismo institucionalizado por su condición, ni confesada ni desmentida, de órgano del Sanedrín catalán. Ahora, en sus páginas abundan las proclamas y los mensajes del separatismo en todas sus modalidades, pero con una creciente prioridad de las más radicales, desde el pujolismo de los Pujolets hasta el republicanismo del carallot (botarate) Carod, pasando por el pseudosocialismo de Maragall. En sus páginas, lo español —España y los españoles— queda reducido a los flecos marginales, si no es utilizado como punching ball del independentismo más beligerante. La inmensa mayoría de sus colaboradores pertenecen al selecto y privilegiado colectivo autóctono conocido como el rovell de l'ou y su misión consiste esencialmente en cantar las excelencias de Cataluña y sus señores amos. Con dos comunidades sociolingüísticas en una proporción del cincuenta y dos por ciento frente al cuarenta y ocho por ciento, Cataluña es hoy un ejemplo vivo y lacerante de dictadura encubierta: una comunidad minoritaria oprime a una comunidad mayoritaria y asume en solitario la representación de todos sus habitantes ante el Estado y las instituciones políticas, económicas y jurídicas del Estado.
Cinco preguntas ingenuas e intempestivas
¿Alguien puede negar que en Cataluña hay todavía dos comunidades sociolingüísticas en las proporciones mencionadas?
¿Alguien puede afirmar que las instituciones de Cataluña son representativas de su realidad social?
¿Dónde está representada la comunidad de lengua española, siendo como es mayoritaria?
¿Puede la Administración del Estado pactar bilateralmente con los representantes de la comunidad de lengua catalana soluciones en asuntos que afectan a toda la población de Cataluña y, al hacerlo de ese modo, dañan gravísimamente los derechos de su comunidad de lengua española?
¿Puede el Tribunal Constitucional refrendar con su veredicto ese estado de cosas asentado sobre un cúmulo de actos ilegítimos e ilegales?