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Kosovo, Cataluña y el Tribunal Constitucional


En la actualidad, una nación es básicamente una unidad sociopolítica con capacidad para subsistir y competir en el concierto mundial de las naciones


De acuerdo con la historia de Occidente que nosotros tomamos graciosamente por la historia de la humanidad durante los últimos dos mil años, una nación es una comunidad humana que, tras instalarse de manera permanente en un espacio geográfico limitado, ha terminado por constituir una unidad sociopolítica. Territorio, historia, entidad sociopolítica y lengua definen hoy, en líneas generales, las grandes naciones europeas. Aun así, a mi modo de ver, su existencia y su persistencia vienen determinadas en última instancia por dos conceptos fundamentales: organicidad y operatividad a escala humana. Una nación es por imperativos prácticos un organismo vivo, operativo y, como tal, competitivo.
Kosovo es un territorio, no una nación. Se le puede declarar Estado, pero, como esa declaración es un mero acto de habla perteneciente al ámbito de lo protocolario, Kosovo será, a lo sumo, nominalmente un Estado pero no una nación, por la sencilla razón de que, si no lo ha sido nunca ni reúne condiciones para ello, no va a serlo ahora por decreto.
Históricamente, Cataluña ha sido y es una región de España. Hoy en Cataluña hay dos comunidades sociolingüísticas. En nombre de la democracia, los organismos de representación estatales y autonómicos deberían recoger esa realidad y respetarla para salvaguardar después los derechos y las obligaciones de las dos comunidades y sus miembros. Pero como hasta ahora no ha sido así, el Tribunal Constitucional está obligado a truncar la cadena de fraudes de ley que han conducido a la situación actual, en la que la comunidad de lengua catalana, siendo como es minoritaria, monopoliza la presencia en las instancias de poder y representación de Cataluña, empezando por su Parlamento, un Parlamento cuya formación y actuación son, por eso mismo, intrínsecamente ilegítimas y delictivas.
Tres preguntas ingenuas e intempestivas
¿Puede el Tribunal Constitucional refrendar un estatuto como el catalán y validar así la opresión de una comunidad minoritaria sobre una comunidad mayoritaria?
¿En qué delito incurriría el Tribunal Constitucional si refrendara ese estatuto?
¿A quién deberían recurrir en tal caso los miembros de la comunidad oprimida para exigir, primero, el reconocimiento de su existencia y, después, una representación democráticamente equitativa en los organismos de esa Comunidad Autónoma?
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