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La industria de Pájaro bobo

La lección de Kosovo

Defender la unidad de España es defender la democracia, defender la democracia es defender la unidad de España

La situación actual de España en cuanto estructura sociopolítica unitaria, junto con las informaciones que nos llegan de zonas geográficas como los Balcanes (en este predio virtual, Balkania), aconseja/obliga a prestar atención a ciertos problemas nacionales y a tomar medidas de carácter preventivo si se quiere atajar el agravamiento de esos problemas y recomponer/fortalecer nuestro mapa político antes de que sea demasiado tarde. Dado que Pájaro bobo ya ha explicado en varias ocasiones cómo, a su modo de ver, se ha llegado a esa situación, ahora la aceptará simplemente a modo de hecho consumado y punto de partida.
En su opinión, como primera providencia, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español deben firmar inmediatamente un pacto de Estado blindando la Constitución y comprometiéndose a respetar y hacer respetar rigurosamente en el futuro las condiciones contenidas en él, con independencia de qué formación política gane la próximas elecciones. La unidad de España y el porvenir de los españoles no pueden estar en juego constantemente y, mucho menos, depender de la decisión de una minoría que se declara no española. Por esa misma razón, el conjunto de los españoles debe compromterse a fortalecer por todos los medios a su alcance el partido UPyD, de Rosa Díez, cuyo ideario es una garantía de lealtad a la Constitución. Esta formación debe contribuir a cerrar definitivamente el paso a los bloques separatistas e impedir de una vez por todas cualesquiera maniobras destinadas a controlar y dirigir la política nacional en contra de España y los españoles. En concreto, eso significa que el Gobierno debe hacer valer la Constitución e invalidar con carácter inmediato y permanente maniobras/conjuras como Galeuscat y cualquiera otra que tenga por objeto minar la unidad de España desde España y con dinero de los españoles.
Simultáneamente, el Gobierno debe reforzar con todos los medios a su alcance la entidad de los colectivos de lengua y sentimiento españoles de Vascongadas y Cataluña, garantizando la seguridad personal de sus miembros y defendiendo los derechos constitucionales de estos, entre ellos el derecho a recibir enseñanza en español. La persecución que sufren en dichas regiones los ciudadanos de lengua española les impide manifestar sus ideas y sus sentimientos y en muchos casos los obliga a abandonar su lugar de nacimiento y/o residencia, lo que a su vez favorece el separatismo y, a la larga, proporciona a los separatistas una mayoría clara o al menos suficiente para iniciar procesos independentistas «democráticos». Si se reconoce la existencia de un colectivo o comunidad de lengua española en Cataluña, los separatistas nunca podrán copar totalmente las instancias autonómicas de decisión y representación y, en consecuencia, nunca podrán iniciar procesos independentistas supuestamente democráticos, pues, a pesar de todas las manipulaciones y todas las traiciones, ese colectivo de lengua española es mayoritario y antiseparatista. El Gobierno está obligado a defender sus derechos, haciendo valer la Constitución y el principio de la soberanía nacional.
El Gobierno está obligado asimismo a controlar escrupulosamente el dinero que entrega a Comunidades Autónomas como Vascongadas, Cataluña e incluso Galicia y, muy concretamente, el destino de ese dinero, habida cuenta que hasta ahora la Administración central ha venido financiando tanto la desintegración de España en cuanto nación como los procesos independentistas de dichas regiones. No es lícito que el dinero de los españoles se utilice para financiar, por ejemplo, un ministerio de Asuntos Exteriores catalán, selecciones deportivas autonómicas y actividades subversivas y movimientos terroristas de diversa índole, desde Omnium Cultural hasta colectivos de okupas, desde Eta hasta a Terra Lliure.
Resumiendo, el Gobierno está obligado a reforzar la estructura de España como nación y Estado, invocando la Constitución y exigiendo el cumplimiento escrupuloso de sus artículos referentes a la integridad de la nación española, la soberanía nacional y los derechos de los españoles en todo su territorio, empezando, ya ahora, por el derecho de todos los niños españoles a aprender el idioma español y recibir enseñanza en español.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿qué medidas ha tomado ya el Gobierno en prevención de situaciones como la planteada por Kosovo como hecho consumado y muy probablemente irreversible?

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